ACCU España respalda las quejas formuladas por ACCU Asturias y la Liga Reumatológica Asturiana contra las últimas decisiones de la Consejería de Salud del Principado de Asturias.

Las medidas de ahorro implementadas que cambian y niegan tratamientos obligan a las personas en Asturias a renunciar a la protección y beneficios que deben recibir cuando la oportunidad lo requiere. Una muy mala idea que deja a los asturianos a la cola de Europa en el acceso a los servicios que necesitan para restablecer su salud y continuar con sus vidas; un hecho inexplicable. De la misma manera que también lo es la actitud con la que la consejería ha decidido darle la espalda a la práctica clínica y a los resultados en salud en favor de un ahorro inmediato en el balance contable. "Así está decidido y no hay marcha atrás", nos dicen.

Y sin importar que esto suponga que Juan, como otros pacientes de psoriasis, tenga que plantearse salir a otras comunidades a buscar el medicamento que necesita, o, que los de crohn o colitis ulcerosa pasen a usar tratamientos que no son los que sus médicos recetan. Porque, como nos han llegado a decir, si aceptamos los tratamientos más baratos estaremos contribuyendo a sostener el sistema que tanto nos da; un pequeño sacrificio con el que todos deberíamos colaborar. Lamentablemente esta petición es inaceptable y más por el fondo que por las formas. Veamos por qué.

Los recursos con los que cuenta cualquier gobierno siempre van a ser limitados. Lo ideal es, por tanto, que los responsables en materia sanitaria los inviertan de acuerdo a los valores que rigen la sociedad y en base a las necesidades, preferencias y prioridades de la población. Sin embargo, lo que no se entiende es que se bloquee o retrase la prescripción de un medicamento aprobado en nuestro país y con indicación para una enfermedad concreta. Entre otras cosas porque aplicar esta clase de medidas significaría negar a las personas más vulnerables su derecho a la salud y a la vida: lo que colisiona con la propia Constitución española. Un hecho más llamativo si cabe cuando vemos que en el resto de comunidades autónomas se ofrecen esos mismos tratamientos o medidas que aquí se deniegan; por no hablar de otros países de nuestro entorno.Así que, más allá de los derechos fundamentales, también parece que debemos renunciar a la equidad de nuestro sistema sanitario, como a otros tantos derechos, como serían la atención personalizada y la libertad de prescripción: dos elementos que incomodan a la Consejería.

De ahí que, por ejemplo, hayan decidido eliminar en los sistemas informáticos la posibilidad de recetar productos concretos de una misma molécula (para que se dispense lo que ellos digan); lo que es grave por varios motivos. En primer lugar, porque esta medida, aplicada a los medicamentos biológicos, atenta contra lo dispuesto en el Real Decreto 1718/2010 en lo referente a la obligación de tenerse que prescribir por marca comercial (lo que se decidió en su día por motivos de seguridad). El segundo motivo se da porque eliminar a los médicos y a los pacientes de la ecuación colisiona con el derecho de libertad de prescripción recogido en la Ley 44/2003, avalado incluso por el auto del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2010. Además de, obviamente, obligarnos a renunciar a la protección que nos supone la Ley de Autonomía del Paciente, que, entre otras materias, regula cuestiones tan dañinas para el sistema como el derecho que tienen los pacientes de recibir información adecuada sobre los tratamientos que reciben, y, además, la posibilidad de practicar la toma de decisiones compartidas al promover la libre elección de los pacientes entre las opciones válidas que estén disponible para cada caso concreto.

Por otro lado, a pesar de la repercusión de todas estas medidas mencionadas y lo que significan, no se espera ningún cambio para trasladar la responsabilidad final -que tienen actualmente los médicos- de lo que le termina sucediendo a los pacientes en caso de no lograrse los resultados esperados. De hecho, estos ni siquiera se miden, salvo contadas ocasiones y para parámetros muy concretos; y a pesar de lo importante que sería. Porque, justamente, es ahí donde está el secreto de la eficiencia: en llegar a conocer el valor intrínseco de cada medida y utilizarla en consecuencia: aunque esto suponga utilizar tratamientos más baratos, por más tiempo, o lo contrario. Porque si lo "barato" funciona, por qué no utilizarlo. Es más, ¡quién se opondría a esto!  De la misma forma que lo "caro", si funciona y reduce otros costes, ¡por qué no usarlo si lo contrario sería hasta negligente!

Escuchemos lo que dicen los pacientes, los profesionales y la ciencia. Y si aún seguimos dudando, trabajemos todos juntos en generar la evidencia que sea necesaria. Pero no vayamos a lo fácil, al "esto se ha decidido y no hay marcha atrás", porque lo único que se evidencia es una grave falta de voluntad por hacer las cosas bien por la excusa de velar por el interés general. Y ni la sociedad ni los pacientes nos merecemos esto. Así como tampoco que se lapiden décadas de diálogo y consenso con medidas administrativas que vacían de contenido todo el ordenamiento jurídico al completo: desde las leyes más específicas hasta llegar a la propia constitución.

Lo que está sucediendo es, por tanto, inaceptable; y contrario a lo que el sistema necesita. Ahora es el momento de dar el paso, de ser valientes y transparentar lo que hacemos y logramos para comprender qué es lo que merece la pena que se siga ejecutando. Y si quienes están tomando estas medidas no se ven con las ideas o la capacidad de luchar por el modelo sanitario que, entre todos decidimos tener,  que abran un debate para consultarnos si el fin debe justificar los medios... o mejor que lo dejen; pero así, desde luego, no podemos seguir. Asturias merece más.

 

Saludos,

Julio Roldán Perezagua

Presidente de ACCU España

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Crohn, Colitis Ulcerosa, enfermedad de crohn, ACCU Asturias, Liga Reumatológica Asturiana, equidad, sistema sanitario, constitución, consejería de sanidad

Última actualización 05/03/2020